Si quisiéramos hacer una radiografía de Colombia en términos del paz y justicia social, por ejemplo, como reza el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 16, bastaría con una aproximación al estado del deporte social comunitario.
Por Beatriz Elena Mejía Restrepo
Integrante de la Academia Olímpica Colombiana
Foto: Grupo Internacional de Paz
En pasados días fue aprobada la nueva Ley del Entrenador(a) Deportivo(a), que busca dignificar la profesión, proteger a los practicantes del deporte y exigir la formación y capacitación de los entrenadores y las entrenadoras. Un paso necesario y bien logrado, pero que advierte su doble filo, en un país en donde las condiciones de exclusión y pobreza no son mitigadas por los actos legislativos, sino que terminan estos por acrecentar la franja de ilegalidad e informalidad, siempre que el estado no los acompañe de instrumentos de política y una inversión social para ejecutarlos y que les permita a los colombianos y a las colombianas acceder a los derechos de manera equitativa. Esperamos que este caso sea una excepción en el país de Macondo, en donde cinco años, ni siquiera 10, bastarán para dar un salto social en el deporte comunitario, si la tendencia actual se mantiene.
Si quisiéramos hacer una radiografía de Colombia en términos del paz y justicia social, por ejemplo, como reza el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 16, bastaría con una aproximación al estado del deporte social comunitario, en un ejercicio que excluye a las principales ciudades (Bogotá, Medellín y Cali) y que incluye 94 territorios de municipios PDET´s, comunidades indígenas, zonas de frontera binacional y otros municipio lejos de la centralidad, en las que el 58,6 por ciento de los entrenadores y entrenadoras no cuentan con estudios tecnológicos o profesionales en deporte y en donde el 72,3 por ciento de estos procesos se mantienen en la informalidad y no están conformados como clubes deportivos, por diversas razones, entre las que se encuentran la desconfianza en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Deporte, con las que no se sienten representadas.
¿Y qué del contexto? Estos procesos son iniciativas deportivas impulsadas por la comunidad (uno o varios de sus miembros), para el logro de objetivos deportivos y no deportivos (de desarrollo personal, comunitarios y sociales). Entre los analizados, se encuentra que el 73,4 por ciento tienen entre sus beneficiarios a víctimas del conflicto; 62,8 por ciento, a migrantes (principalmente venezolanos), y 29,8 por ciento, excombatientes. Ninguno de estos se articula con programas gubernamentales para activar rutas de atención. Por un lado, en el centro del país, los partidos políticos se disputan la bandera de la paz y, por el otro, las comunidades, muy lejos de estos dan ejemplo de integración y reconciliación. A su vez, solo el 33 por ciento incluye a mujeres entre sus practicantes y el 11,7 por ciento, como entrenadoras. Gran tarea la que aún nos falta por la equidad de género, como principio en las relaciones humanas y sociales, y cuyos esfuerzos deben ir más allá de las grandes ciudades.
Con respecto a los escenarios deportivos, la mayoría estos se encuentran en condiciones indignas, sin techo y sin sistema de desagüe (incluyendo zonas en donde llueve el 80 por ciento del año), sin iluminación, sin agua, sobre tierra en desnivel, sin cemento o gramilla apta, sin cerramiento y, obviamente, sin otros elementos que en estos territorios se consideran lujos, como bancas para jugadores, camerinos, graderías de público, zonas sanitarias, entre otros…“Doña Carmen , estamos recogiendo plata pa´la caneca de la cancha, ¿va a poner?”.
¡Así pues, se vive El Deporte es de Todos en las comunidades, y tal vez el Ministerio aún no se da cuenta, tal vez, si, tal vez, es culpa de las comunidades, esas que son invisibles!