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Medio ambiente. Una visión universal (V). Acercamientos constitucionales

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Fabio Alfredo Navarro Pasquali

Filósofo de la Universidad Nacional, abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en filosofía del derecho y teoría jurídica de la Universidad Libre y magíster en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana.

¨La naturaleza no era objeto de responsabilidad humana, pues cuidaba de sí misma. La ética tenía que ver con el aquí y ahora. A cambio de los antiguos imperativos éticos, entre los cuales el imperativo Kantiano constituye el parámetro ejemplar: “actúa de tal modo, que el principio de tu acción se transforme en una ley universal”. Jonas propone un nuevo imperativo: “actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica”, o expresándolo de modo negativo: “No pongas en peligro la continuidad indefinida de la humanidad en la tierra.” (De Siqueira, 2009, p.172)  

Introducción

El filósofo alemán Hans Jonas plantea la necesidad de cambiar el paradigma filosófico  en la forma de asumir la responsabilidad sobre el así llamado mundo natural  y el lugar del ser humano como protector de la naturaleza y en consecuencia garante de la vida.

Para fundamentar tal pretensión establece una relación entre las formas de vida humana y la explotación desbordada de la  naturaleza y sus recursos, afectando las expectativas de vida y la supervivencia planetaria. Quizá pueda afirmarse sobre el pensamiento de Hans Jonas, la observación de una humanidad con alta ejecución de modelos productivos, desarrollo tecnológico y explotación de recursos, pero sin fundamentos teórico–prácticos éticos  humanísticos suficientes para entenderse como una más de las especies existentes, la interdependencia que habita con ellas y la continuidad de la vida común.

Para Jonas, el ser humano debe entender y en consecuencia actuar, de forma tal que su quehacer vital garantice la vida presente y futura del ser humano, en armonía con el entorno natural que le es consustancial. Significa lo anterior la urgente necesidad de transformación humana asumiendo la responsabilidad como categoría ética de estricto cumplimiento. José Eduardo de Siqueira en su texto El principio responsabilidad de Hans Jonas  cita:“Actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica”. (De Siqueira, 2009, p.172)

La responsabilidad como forma ética de presentarse el ser en un mundo natural convulsionado y sus sistemas de vida alterados en extremo es la categórica alternativa de Hans Jonas, para lograr unos ciertos equilibrios que permitan recomponer sistemas de vida alterados, dando alternativas y garantías a las generaciones por llegar.    

Foto: www.semillerosdeportivos.com

Una lectura constitucional o de la responsabilidad frente a actuales y futuras generaciones

En la sentencia T–760 de 2007, la Corte Constitucional señala, respecto de la Constitución ecológica, o lo que se puede entender como el ordenamiento constitucional dispuesto en la dirección de proteger el medio ambiente como principio estructural, del cual surge la obligación para el Estado Colombiano de protección fundamental para la vida de los ciudadanos que a hoy habitan el territorio, como la de aquellos que a futuro lo harán.

El criterio advertido por la Corte Constitucional de protección, que ordena la Constitución Política se funda en dos importantes vertientes de análisis, que contribuyen a establecer una sólida postura ius filosófica, en la consolidación de temprano origen de los así llamados derechos intergeneracionales. De una parte debe entenderse el llamado del Alto Tribunal Constitucional al señalar como obligación del Estado y de especial cuidado, la protección de las “riquezas naturales de la Nación”, dada su especial significación para el “orden jurídico”. De otra parte, trae la sentencia en estudio el reconocimiento de los derechos que asisten a los ciudadanos a gozar de un ambiente sano.

Ahora, una dificultad mayor es entender que la riqueza natural, en términos de ambiente sano y protegido, incluye al ser humano que habita los distintos territorios, es decir, no es posible asumir la bondad protectora, sin que medie tal proyección de ejercicio vital.

Pensar en derechos intergeneracionales implica una generación que viene luego de una que se encontraba ejerciendo su existencia en un determinado espacio geográfico, y como resultado de su ejercicio vital dio lugar a sus descendientes, quienes a su vez harán lo propio en ese mismo escenario.

Los derechos intergeneracionales, cuya definición apunta a la protección del medio ambiente, entendido como escenario en el cual el ser humano, junto a otras especies, establece su forma de vida y la desarrollan como proceso de adaptación e interactuación en justa proporción garantista de derechos comunes.

Esos derechos comunes deben entenderse como ejercicio cotidiano individual o colectivo orientado a garantizar la vida humana presente, sostenida en un medio que le proporciona las condiciones necesarias de supervivencia; es decir, la protección de la vida humana se halla en relación directa con la salvaguarda del entorno y medio natural, recursos hídricos, páramos, especies animales, flora, especies nativas y demás componentes del mismo.

Lo anterior, en el entendido que dichas garantías no sólo benefician en el aquí y el ahora la vida, sino que se extienden en el tiempo generacional humano y de las demás especies, dado que ella, la vida, no es posible en un medio adverso y destruido en función de sistemas de producción que avanzan en términos de explotación de recursos por largos períodos, dejando sin posibilidad de recuperación las áreas comprometidas, llevándolas a   la irreparable extinción.

Puede entenderse de lo anteriormente expuesto, que la obligatoriedad de protección por parte del Estado no cesa con la firma de la concesión, acuerdos o cualquier otro instrumento que faculte a entidades nacionales o extranjeras la explotación de sectores del territorio nacional.

Tal vigilancia debe estar sometida a controles periódicos de orden legal y/o constitucional, dado el caso, máxime que los tiempos de explotación trascienden generaciones, esto es, la explotación concedida a diez, veinte o treinta años desborda los lineamientos del control de la consulta previa, dadas las implicaciones nefastas derivadas del proceso de explotación del recurso comprometido sobre el medio ambiente en general; ejemplo de ello: afectaciones hídricas, material particulado en el aire con incidencia en efectos cancerígenos, afectaciones respiratorias y de salud, en general.

En esos largos plazos se compromete la vida de esa primera generación que recibe el impacto  de establecimiento de tales nuevas condiciones de vida, y, subsecuentemente las generaciones posteriores pueden padecer trastornos genéticos, por ejemplo, en territorios de explotación de minerales radioactivos, sustancias ambientales peligrosas que lleven a tal transmisión, contaminación de aguas o desaparición de las fuentes hídricas, con el consecuente efecto sobre la vida humana o de especies animales, sin descontar el desplazamiento forzado ante tales graves circunstancias.

Llegar a tales planteamientos por parte de la Corte Constitucional significa haber adelantado un largo camino, una trayectoria que parte para su formación y asimilación constitucional, de la doctrina que, fundada en acuerdos binacionales firmados por países que se empeñaban en la protección de determinadas especies o de áreas específicas de interés para los países firmantes, sirvió para trazar ese inicial camino. La Corte Constitucional de Colombia señala al respecto:

“La mayoría de reglas internacionales sobre la conservación del medio ambiente se presentó dispersa en tratados bilaterales concertados en el marco tradicional de la cooperación transfronteriza”[…] “los pocos tratados multilaterales concluidos con un objetivo medioambiental específico se limitaron, bien a proteger ciertas especies (de flora y fauna), elegidas en su mayoría por su mera utilidad económica.” (Cita la Corte: Remiro Brotón, Antonio. Derecho Internacional. Capítulo XXXIX, pág. 1126. McGraw-Hill, Madrid, 1997.) (S – T 760 de 2007)

Foto: Triatlón Noticias

Conclusiones

En esa búsqueda de fundamentos jurídico–filosóficos capaces de orientar la construcción del pensamiento rector que estableciera parámetros de protección, no sólo para el medio ambiente, sino que llevara consigo el sentido   profundo de vida para el ser humano, en términos de presente y futuro  puede afirmarse que la salvaguarda del medio ambiente se va constituyendo en imperativo que trasciende el riguroso marco jurídico, para establecerse como mandato universal de buena voluntad, dado que su observancia garantiza la vida de futuras generaciones.

Vale la pena recordar la sentencia T – 760 – 07 de la Corte Constitucional, antes vista, cuando al referirse al tema ambiental señala el largo proceso surtido en diferentes instancias internacionales, para lograr una cierta conciencia que hiciera posible, no solo el reconocimiento de los derechos conculcados por el desconocimiento del problema ambiental y la degradación de la vida, sino que deja en claro la urgencia de medidas que garanticen la vida actual y futura en términos de dignidad.

Señala la Alta Corte Constitucional los esfuerzos de protección ambiental a lo largo del siglo XX, como razón universal, desplegados en distintas manifestaciones políticas de Estados comprometidos en la protección ambiental:  Declaración de Estocolmo del año 1972, Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, Cumbre de la tierra – Declaración de Río de 1992 y la Resolución 45/94 de la Asamblea General de las Naciones Unidas  “Sobre la necesidad de asegurar un medio ambiente sano para el bienestar de las personas se reconoció la existencia de un lazo entre la verdadera realización global de la dignidad humana y un medio ambiente de calidad.” (Constitución ecológica, 2007) 

Bibliografía

Constitución ecológica, S-T 760 / OT (Corte Constitucional 25 de septiembre de 2007).

De Siqueira, j. E. (29 de junio de 2009, p.172). https://saocamilo-sp.br>artigo. Obtenido de saocamilo-sp.br>artigo.

Remiro Brotón, Antonio. Derecho Internacional. Capítulo XXXIX, pág. 1126. McGraw-Hill, Madrid, 1997.)

Sentencia Corte Constitucional T- 760 de 2007

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